El pasado 22 de octubre de 2026, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, emitió la Resolución 40579 con la cual eliminó 15 Distritos Mineros Especiales en Colombia, incluyendo el del departamento del Huila. Esta decisión tumba de tajo las políticas de diversificación productiva impulsadas por el expresidente Gustavo Petro, cambiando el enfoque gubernamental hacia la promoción activa de la minería legal, el impulso de la competitividad y la reactivación económica en los territorios afectados.
El fin de la diversificación
La reciente directriz del Ejecutivo impacta profundamente el ordenamiento de la región. Específicamente, la medida anula la Resolución 40321 del 15 de julio de 2026, normativa que había oficializado el llamado “Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva del Huila”. Esta declaratoria protegía y regulaba un vasto perímetro de 398.752,30 hectáreas.
Los municipios huilenses que se encontraban cobijados por esta figura territorial eran Aipe, Neiva, Palermo, Santa María, Tesalia y Yaguará. A nivel nacional, la derogatoria afecta a catorce distritos creados en 2026 y uno anterior, sumando cerca del 5% del territorio colombiano (más de 5,3 millones de hectáreas) distribuidas en doce departamentos y el litoral Pacífico. El actual gobierno, liderado por el presidente De La Espriella, argumenta que con esta anulación se ratifica una política para respaldar la minería responsable y se le devuelve la certidumbre a las empresas y comunidades.
¿Qué buscaba el modelo?
La figura que acaba de ser eliminada, detallada en el documento “Gobierno Nacional tumba Distrito Minero Especial del Huila.docx”, tenía como propósito fundamental transformar la vocación extractiva del departamento. Según la normativa del gobierno de Gustavo Petro, se buscaba orientar el desarrollo fomentando los encadenamientos productivos y la reindustrialización de recursos clave como la roca fosfórica, un mineral con fuerte presencia en esta zona.
Además, el modelo derogado intentaba articular la actividad extractiva con los sistemas agropecuarios y agroindustriales. La premisa central era organizar el territorio en torno al agua para asegurar la soberanía alimentaria, la calidad de vida de los habitantes y la solución concertada de conflictos socioambientales.
