El anuncio del presidente Abelardo De La Espriella sobre la creación de un protocolo estatal para autorizar el ingreso de la Fuerza Pública a las universidades públicas ha encendido las alarmas en el departamento del Huila. Desde la ciudad de Neiva, líderes estudiantiles y docentes de la Universidad Surcolombiana (USCO) han expresado su profundo rechazo a esta iniciativa, catalogándola como una vulneración directa a la autonomía universitaria y una amenaza letal para el libre ejercicio del pensamiento crítico. Mientras el Ejecutivo argumenta que el orden público prima sobre la autonomía institucional ante presuntos hechos de violencia o vandalismo, el movimiento estudiantil regional interpreta la medida como el regreso de la estigmatización sistemática contra la protesta social.
La autonomía institucional
El corazón del conflicto radica en la interpretación estatal sobre los límites y alcances de las instituciones de educación superior. Para María José Rojas Losada, representante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en la sede de Neiva, el Gobierno nacional está confundiendo de manera deliberada la independencia académica con una fachada de impunidad.
Las universidades públicas de la región surcolombiana son, por naturaleza, espacios diseñados para la organización comunitaria, la crítica rigurosa, el debate de ideas y la legítima protesta social. Rojas señala con preocupación que presentar la autonomía como un obstáculo para el mantenimiento del orden público desdibuja el verdadero propósito de los recintos universitarios. “Una cosa es responder frente a hechos concretos de violencia y otra muy distinta es plantear la entrada de la Fuerza Pública a los campus como una respuesta general frente a las movilizaciones”, precisó la dirigente. Además, recordó que las conquistas democráticas en Colombia, como la financiación y el acceso a la educación superior, son fruto de luchas históricas que hoy retrocederían gravemente si se somete la academia a la vigilancia policial.
